Los terremotos de septiembre trajeron además de la devastación, muerte y personas damnificadas sin vivienda y sin patrimonio, el riesgo de que los fondos gubernamentales y privados para la reconstrucción de las zonas afectadas se utilicen de manera incorrecta, alertan organizaciones civiles que buscan fiscalizar y seguirle la huella a ese dinero.

En medio de acciones desarticuladas, mal planeadas y de la fragmentación de los recursos en distintos fondos, la sociedad civil intentará mostrar a través de solicitudes de transparencia y de un trabajo en conjunto con el Gobierno federal el destino del dinero en una sola plataforma. La idea es revisar si los recursos son utilizados para fines electorales, exentar impuestos y hacer negocios, dijeron a SinEmbargo directivos de organizaciones que participan en #Epicentro.

Ciudad de México, 3 de octubre (SinEmbargo).– Ante el riesgo de que los fondos para la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos de septiembre se utilicen para sacar provecho fiscal, hacer negocios o en el proceso electoral de 2018, el Gobierno federal, los estados y los empresarios tendrán varios ojos encima, dijeron a SinEmbargo los directores de varias organizaciones participantes en la plataforma #Epicentro.

La sociedad civil se ha volcado, como nunca, a la fiscalización de los recursos públicos y privados que se utilizarán para la reconstrucción de la Ciudad de México y otras entidades afectadas por los terremotos del 7 y 19 de septiembre.

Para ello seguirán la huella del dinero a través de solicitudes de transparencia y de apoyarse en el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), explicaron.

“Queremos prevenir que pase lo de [el huracán] ‘Ingrid’ y [la tormenta] Manuel, por eso queremos que se conozca qué hay. Si se busca en información disponible para la atención de la emergencia en Guerrero se topa con que no había ni una sola plataforma de información para dar seguimiento. Lo que se ha venido conociendo es partir de denuncias, pero no hay manera de contrastarlo con información”, dijo Eduardo Bohórquez, director General de Transparencia Mexicana.

El lunes pasado, un grupo de 30 organizaciones civiles, empresariales y académicas anunciaron el lanzamiento de la plataforma #Epicentro para dar seguimiento al destino y uso de los recursos para la reconstrucción. Bohórquez estimó que en dos semanas más habrá 50 organismos de la sociedad civil involucrados en la iniciativa.

La plataforma tiene tres ejes: seguimiento del origen y uso de los recursos destinados a la reconstrucción; la reconstrucción con perspectiva social y de derechos humanos, género, infancia y juventud; las responsabilidades para particulares y funcionarios públicos que hayan participado en casos de corrupción, así como la reparación del daño e indemnización para víctimas.

En México la opacidad en el uso de los recursos de los fondos para desastres naturales es una realidad. Por ejemplo, el caso de la Montaña de Guerrero es emblemático pues a cuatro años de que el huracán “Ingrid” y la tormenta “Manuel” devastaran a varios municipios y dejaran a miles de damnificados, cientos de ellos sin casa, las autoridades aún no han entregado todas las viviendas; y las que han entregado son para los habitantes de la región, inhabitables.

En agosto de este año el diario El Sur publicó que las viviendas que se están entregando a través de los fondos para los damnificados no cuentan con los servicios de luz, agua y drenaje.

SinEmbargo publicó ese mismo mes que la  Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la revisión de las cuentas públicas de 2013 y 2014 encontró irregularidades por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en la Secretaría de Gobernación (Segob) y en la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en torno al manejo de los recursos para los damnificados de La Montaña.

En el caso de la Sedatu se detectó que en 2014 compró a un precio mayor 22 terrenos en los que se construirían viviendas y se se estimó un daño a la Hacienda Pública por 23 millones 765 mil 228 pesos.

De acuerdo con la Auditoría la Sedatu no comprobó la entrega de esas casas: no hay número de damnificados beneficiarios con vivienda, ni evidencia de que fueron entregadas las propiedades y las escrituras.

En el caso de los fondos públicos y privados para la reconstrucción de la Ciudad de México y el resto de las entidades en estado de emergencia por los sismos de septiembre, las organizaciones plantean trabajar en coordinación con las autoridades federales y estatales para dar seguimiento a los fondos que podrían utilizarse inadecuadamente en el marco de las elecciones de 2018.

“Ya entramos en contacto con autoridades federales y estatales para identificar los fondos, fideicomisos y programas que se van a involucrar en la reconstrucción y estamos planteando que se informe a la sociedad, pero que se ponga en formato de datos abiertos para que programadores, activistas cívicos y otros puedan utilizarla para hacer mejores herramientas de monitoreo y seguimiento al gasto; para comprobar que los recursos lleguen a su destino”, dijo Bohórquez.

El director de Transparencia Mexicana explicó que ya hay comunicación con el Gobierno federal, aunque aún existe un acuerdo formal para inventariar la información sobre los fondos.

“En ninguna parte del mundo se ha hecho esto, es la primera vez que se buscará identificar recurso tanto público como privado. Ahorita no hay un inventario sobre toda la ayuda internacional recibida, solo se tiene de los gobiernos. No hay datos sobre el dinero que han donado las celebridades. La idea es que se integre en una plataforma toda esta información sobre los fondos”, explicó.

Las organizaciones ofrecerán asesoría jurídica a todas aquellas personas que quieran denunciar el uso electoral de los recursos para la reconstrucción y también para demandas en contra de funcionarios públicos, agregó el directivo.

Haydeé Pérez Garrido, Directora de Fundar Centro de Análisis e Investigación (México), dijo a SinEmbargo que en los próximos días se buscará una mesa de trabajo con el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, para aprovechar la creación de ese comité de participación ciudadana para abrir un mecanismo de diálogo y trabajo entre los ciudadanos, el Gobierno y el sector privado.

“Nos parece importante arrojar luz sobre las bolsas de recursos privados, como las de recursos públicos. Estamos conformando nodos de trabajo a nivel local en los nueve estados que fueron afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre. A partir de una serie de criterios relacionados con transparencia, rendición de cuentas y participación social estaremos impulsando que cada una de las fases de las acciones de reconstrucción garanticen un estándar con criterios internacionales”, precisó.

EMPRESAS EVITARÍAN PAGAR IMPUESTOS

Benjamín Cokelet, director Ejecutivo de Project on Organizing, Development, Education, and Research (PODER), explicó que la organización que dirige realizará una misión de observación sobre el resguardo de los derechos humanos a partir del terremoto, así como la documentación y seguimiento de los fondos que las compañías están donando para el proceso de reconstrucción.

“Unas organizaciones se enfocarán en el actuar del Gobierno. Nosotros vamos a enfocarnos a derechos humanos y a las empresas. Nos preocupa la posibilidad de que las empresas aprovechen el temblor para no pagar impuestos. Qué tal si el Gobierno gasta todo y exenta a las compañías de las aportaciones; eso sería una tontería”, dijo.

El activista se refirió a las campañas de donación que han emprendido algunas empresas, en donde se invita a la población a donar dinero a cambio de un donativo adicional para la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo.

En algunos de los casos los donantes pueden elegir el destino de su donativo, sin que quede claro si las compañías buscarán deducir impuestos con esos recursos y aprovechar, de esa forma, la tragedia de los terremotos.

Cokelet adelantó que ya se hicieron las primeras solicitudes de información y que a un mes del sismo del 19 de septiembre se planea realizar un primer informe preliminar sobre los fondos públicos y privados.

“Nosotros estamos conformados junto con otras organizaciones, es un esfuerzo conjunto de documentación. Ya estamos hablando con empresas y funcionarios directamente para entender su punto de vista, y estamos haciendo solicitudes de transparencia”, explicó.

Los directivos de las organizaciones Transparencia Mexicana y Fundar coincidieron en que a partir de la próxima semana se empezará a conocer un “primer corte de caja” de las acciones que se realizan alrededor de la plataforma.

SE REQUIERE UN SOLO FONDO: MERINO

Mauricio Merino Huerta, experto en transparencia y rendición de cuentas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), planteó la necesidad de que el Presidente Enrique Peña Nieto cree un fondo único para la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos.

“El problema es serio, porque no se está entendiendo que el proceso de reconstrucción debe ser armonizado, basado en una sola forma de planeación y ejecución. Que el Presidente emita un decreto para la creación de un fondo único, que sea manejado por un  comité técnico de expertos en el que confluya todo el dinero para la reconstrucción que se debe poner a salvo de los negocios privados, de los procesos electorales, del fin de sexenio”, explicó.

Merino Huerta insistió en que México no puede iniciar con la reconstrucción con los instrumentos que hoy tiene, como las atribuciones del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y la desarticulación del dinero en diversos fondos.

El investigador agregó que apoya totalmente iniciativas como #Epicentro, pero alertó que  a pesar de los esfuerzos de las organizaciones será difícil hacer un ejercicio de vigilancia pública racional y técnicamente impecable.

“El riesgo inminente es que el recursos queden capturados para efectos electorales y para hacer negocios privados. Eso no se vale. Se corren todos los riesgos imaginables si no hay un proceso de articulado”, explicó.